Artículo

  • El Decreto con Fuerza de Ley N.º 178 y el trabajo de los reos en los establecimientos carcelarios

Resumen

Abstract

Las sanciones penales establecidas en el Código respectivo, en ninguna manera llevan envuelta la pérdida ni siquiera la suspensión de la capacidad civil. No hay una cola pena que contenga alguna prescripción relativa a los derechos de la persona como tal; si, hay muchas que, en el carácter de accesorias, contienen la de inhabilitación para cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares. Esto último se debe a que las actuaciones derivadas de tales situaciones son eminentes o preferentemente de orden público y, siendo el delito una violación del bien de la comunidad, no es posible dejar de sancionarlo, además, por la privación de derechos que dicen relación directa al Bien Común o Público. Por esta misma razón, las Leyes del Trabajo privan al sujeto trabajador y aun a veces al sujeto patronal, del ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo, ser Directores de Sindicatos; ya que esta actividad es eminentemente de orden público o social; pero, los demás derechos conferidos por dichas Leyes, al igual que las Civiles, a las cuales aquellas pertenecen como la especie al genero, son de carácter personal y jamás el sujeto trabajador puede verse privado de ellos, porque eso significaría privarlo de su carácter de persona y de su correspondiente capacidad. Esto supuesto, concluimos que las Leyes Penales, de por sí, no inhabilitan ni privan en modo alguno al trabajador, de la plenitud de los derechos emanados de la ejecución de su trabajo y que le corresponden en su calidad de tal. Ahora bien, siendo la libertad una de las condiciones esenciales del trabajo, ¿cabe considerar como 'Sujeto Trabajador' al reo que en el Establecimiento Carcelario, desempeña labores manuales mientras dura el periodo de su condena? Veámoslo a través de nuestro Derecho Positivo Penal.

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En la escala de penas, las únicas que pueden referirse a esta situación, son las de Presidio, Reclusión y Prisión; estas dos ultimas no le imponen al reo trabajo alguno; pero, las de Presidio lo 'sujetan a los trabajos prescritos por los Reglamentos del respectivo establecimiento penal', (Art. 32, Código Penal), y el producto de su labor será destinado a realizar los diversos objetivos de subsistencia, bienestar, responsabilidad civil y ahorro que están señalados en el articulo 88 del Código Penal. Aunque esta especie de trabajo forzado no tiene el carácter de pena porque no lo establece como tal el Código, ni siquiera cuando señala las que llevan consigo otras accesorias, sino como modalidad correctiva y educacional del régimen interno de los establecimientos penales; sin embargo, su naturaleza permite decir que el trabajo de los reos condenados a presidio, carece de la condición fundamental de todo trabajo, la cual es, ser libre. En consecuencia, estos sujetos no pueden celebrar contrato de trabajo. Tampoco pueden celebrarlo los reos condenados a prisión o a reclusión que carecieren de los medios necesarios para llenar los compromisos que provengan de los gastos que ocasionaren al Establecimiento y de su responsabilidad civil por el delito cuando les afecten estas obligaciones, o cuando, también afectándoles, no tuvieren oficio o mono de vivir conocido y honesto. (Art. 89, Código Penal). En una palabra, siempre que el reo este sujeto a 'Trabajo Forzado', aunque no sea propiamente una pena, esta inhabilitado para celebrar Contrato de Trabajo, aún cuando desarrolle actividades que en un 'trabajo libre' serían materia de aquel contrato. No puede señalarse como excepción de carácter legal, la relativa al reo de presidio que ha obtenido libertad condicional, pero se le impone la obligación de trabajar en los talleres penitenciarios mientras no tenga trabajo en otra parte; (Decreto Ley N.° 321, de 1925), porque éste es también trabajo forzado. Tampoco puede señalarse como excepción, no ya de derecho, sino positiva o de hecho, la relativa a las practicas en use en los establecimientos penales, según las cuales, por no haber trabajo para todos los reos, estos lo convienen libremente en el Taller Fiscal, en el Taller Particular o en el Almacén de Ventas al Publico. Los reos que trabajan en las Penitenciarias, en cualquiera de las tres formas indicadas, en el caso positivo o de hecho de la realidad penitenciaria nuestra y actual, aunque contraten libremente sus servicios, no tienen el carácter de 'trabajadores', son siempre 'reos' y, por tanto, no son sujetos que estén sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo.

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Los preceptos del Código del Trabajo frente al 'sujeto trabajador ' y en relación a la contratación de sus esfuerzos y servicios, son de dos clases: unos, solo se aplican al que esta o debe estar ligado por el contrato, por ejemplo, las disposiciones del Libro I; otros se aplican a cualquier sujeto trabajador aunque no pueda estar ligado a un Contrato de Trabajo, por ejemplo, las disposiciones del Libro III, sobre Sindicalización; más, en este mismo ultimo ejemplo se ve ya el absurdo que entrañaría aceptar que se aplicasen al sujeto que trabaja como reo en un establecimiento penitenciario; lo que subvertiría todo el sistema penal aparte que repugna a la calidad o estado legal que tiene dicho sujeto. Se puede, pues, concluir desde luego que ninguna disposición del Código del Trabajo puede hacerse extensiva a los reos penitenciarios. Pero, hay más; el régimen de trabajo a que están sometidos es no solamente incompatible por naturaleza con el que reglamenta el Código del ramo, sino que sus disposiciones, que rigen este 'trabajo libre' a que se refiere dicho Código, no pueden aplicarse a aquel otro 'Régimen Penal de Trabajo'. Efectivamente; las normal relativas a Limitación de la Jornada, Pago de Salarios, Reglamentos Internos, Vacaciones, Protección por Accidentes, Sindicalización, Conflictos Colectivos, etc., no se compadecen en manera alguna con el sistema de trabajo de los establecimientos penitenciarios. La disciplina impuesta, forzada, aunque racional y humana, que debe imperar en el Establecimiento Penal es absolutamente contraria a la disciplina no impuesta, voluntariamente consentida, que debe existir en el Establecimiento de Trabajo; aunque no deje de reconocer que en la actual época del industrialismo, al trabajador no le queda otra libertad, que la de adherirse a la Reglamentación Industrial que fe- presenta la Empresa, libertad que todavía esta profundamente coartada por la general situación de pobreza y aun de miseria en que aquel se encuentra habitualmente Todo esto es tan evidente que estimo innecesario formular otras consideraciones. En el trabajo de los reos de las penitenciarias no se cumplen ni pueden cumplirse de manera material o formal, las condiciones de subordinación, dependencia, dirección y vigilancia a que debe estar sometido el trabajador, ni tampoco la intención específicamente patronal de utilizar lucrativamente los servicios de aquel, condiciones que son características esenciales del Contrato de Trabajo y no existiendo las cuales, tampoco existe este. El Decreto con Fuerza de Ley N.° 178, no pace referencia alguna a este tipo de trabajo penal. Este silencio de la ley no es una mera omisión. Dicho Decreto con Fuerza de Ley se dictó precisamente para salvar las omisiones en que había incurrido la legislación anterior respecto de diversas categorías de asalariados y extender los beneficios de 'las leyes sociales' a una porción considerable de la clase proletaria 'que, como los trabajadores a domicilio, los empleados domésticos y otros, reclaman con justicia una protección legal adecuada a sus necesidades y a su condición social'. Pues bien; fue así como fijó normas para ciertos tipos de trabajo que no estaban considerados en la legislación, en la especie contrato de trabajo de obreros; tales fueron, los ya citados del trabajo a domicilio y de los empleados domésticos, y el del trabajo de los obreros agrícolas. El legislador en ningún momento aceptó que el trabajo penal fuese protegido por este Código; y no podía serlo porque no hacía otra cosa, aunque completándolas y perfeccionándolas, siquiera en parte, que refundir en un solo texto las disposiciones contenidas en las diversas leyes, decretos-leyes o decretos supremos dictados principalmente en los anos 1924, 1925 y 1927. Ninguno de estos se refería ni indirecta ni remotamente al trabajo penal. Y, por lo contrario, este quedaba regulado en el Párrafo 'Trabajo y Salario de los Reos', artículos 76 al 94, del Reglamento Carcelario de fecha 30 de Abril de 1928, donde se contemplan disposiciones, desgraciadamente muy pobres y in-ay insuficientes, relativamente a jornada, salario, accidentes, etc. No se debe olvidar que el trabajo penal tiene finalidades de orden moral y objetivos disciplinarios, correccionales y educativos; busca como obtener la regeneración espiritual y la reintegración social del delincuente. En cambio, el trabajo libre encarna finalidades preferentemente de orden social-económico; por esto tiene objetivos que persiguen el progreso técnico-industrial y el aumento del bienestar y de la utilidad, en una palabra, la creación de riquezas.

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Cuanto he dicho relativamente al trabajo de los reos de 'Presidio', lo hago extensivo al de los reos de 'Reclusión' o de 'Prisión', aunque el trabajo de estos no tenga las características del trabajo forzado penal propiamente dicho; e igualmente lo extiendo al de los reos 'Procesados' y 'Detenidos', no obstante quo a estos dos últimos tipos se 'les dará toda clase de facilidades para quo trabajen, ya sea en sus celdas o en locales especiales'. (Art. 92, Reglamento Carcelario). Todos estos reos están, en todo caso, sometidos al régimen penal del Establecimiento, enteramente inconciliable según hemos visto, con el del trabajo libre, que es supuesto necesario a intrínseco del contrato de trabajo. En consecuencia, ya se trate del trabajo de los reos condenados a Presidio, Reclusión o Prisión, ya sea de los simplemente Procesados y Detenidos, ya lo ejecuten, cualesquiera de estos, en Talleres Fiscales o Particulares o por intermedio de Almacenes de Ventas al Público, o de otro modo, siempre y en todos los casos, tratándose de reos sometidos al régimen de un Establecimiento Penal, su trabajo no es susceptible de estar regulado por el Código de 1931. Y esto es perfectamente natural y jurídico. Ni. cabria alegar razones de carácter moral, de justicia o aún sociales, ni menos motivos de orden sentimental, para pretender que la Democratización del Derecho o su Socialización, en el sentido de extender y hacer efectiva la igualdad jurídica, exigirían que los reos quedasen sometidos a la tutela que otorga el Código del Trabajo. Si, tales razones pueden y deben hacerse valer para exigir normas legales que regulen específicamente esta clase de trabajo, dada la completa deficiencia de las que contiene el Reglamento Carcelario vigente. Finalmente, quiero considerar ciertas observaciones que he visto formuladas respecto de alguna de estas categorías de reos. Se ha dicho. 'En la Cárcel o Penitenciaria, los que cumplen condenas, generalmente ocupan su tiempo en la ejecución de trabajos de su dominio, por ordenes de particulares. Un señor determinado, por intermedio de una tercera persona ordena un trabajo. Esta tercera persona lleva la orden al reo, el cual la ejecuta y le fija el precio corriente o el que se haya convenido de consuno. Debemos dejar en claro que el que ordena el. trabajo no conoce al ejecutante; solo se entiende con el intermediario, porque los reglamentos carcelarios a otras dificulta des impiden el trato directo entre las partes. ¿Toma el carácter de 'patrón' el que ordena el trabajo al reo? ¿que obligaciones ligan a las panes? ¿Debe ser eliminado el intermediario estableciéndose el trato directo de patrón a obrero? ¿Se tomaría a este último como un obrero a domicilio?'. Las diversas cuestiones planteadas en las observaciones transcritas, ya están totalmente contestadas anteriormente. No hay en los casos en referencia, Contrato de Trabajo, ni Patrón, ni Obrero; menos puede haber Trabajo a Domicilio, que es una simple categoría dentro de la especie. Si, hay actividad de trabajo desarrollada al margen del Código y que, dentro de los términos consagrados por nuestras leyes, podríamos considerar como las de un 'Trabajador Independiente', si bien esta denominación corresponde también necesariamente a un trabajo libre.

II

He dejado establecido que el Código del Trabajo y, por lo tanto, las leyes y decretos que lo modifican, complementan o reglamentan, no se aplican al trabajo de los reos. Pero, las disposiciones sobre Previsión Social, entre ellas la Ley N.° 4,054, ¿tampoco se les aplican? Respondo afirmativamente, sí, y para ello razono como sigue: La Previsión Social va más allá de la reintegración moral y social del delincuente. Precisamente estos objetivos constituyen la razón de ser de la Previsión Penal, que conjuntamente con la Previsión Jurídica y otras categorías son la materia de uno de los derechos fundamentales del ser humano, el Derecho de Cooperación. Otra de estas categorías es la Previsión Social propiamente dicha o simplemente Previsión, como se la llama por antonomasia, que no se opone a la Previsión social general, por cuanto esta constituye el genero, y aquella la especie, y antes bien la supone como condición necesaria para que se cumpla debidamente. La Previsión Social es uno de los derechos esenciales, inherentes a la persona humana, irrenunciable, inalienable, imprescindible, como todos los derechos fundamentales; porque desaparecidos o violados estos derechos se destruye y se aminora la personalidad humana. No esta demos recordar que mas arriba ya deje establecido que el reo no ve disminuida su calidad de persona y que mantiene en toda su integridad los derechos y facultades inherentes a esta, reglamentados naturalmente en su ejercicio en interés del bien de la comunidad o de las situaciones especiales que provengan de su estado legal. Ahora bien; estos principios de Filosofía Jurídica, ¿como con apreciados por el Derecho Social, en sus dos ramas del Trabajo y de la Previsión? Los Principios Jurídicos Provisionales tienen mayor ámbito que los del Trabajo; estos, primordialmente se refieren al trabajador considerado como sujeto económico activo; aquellos, lo contemplan más bien como un sujeto social; quiero decir, las normas laborales reglamentan la actividad del trabajador en cuanto encaminada a obtener utilidad; las de Previsión en cambio, procuran el bienestar de todos los miembros de la colectividad, abarcan a todas las personas y todos los grupos sociales para garantizarlas mediante la creación de instituciones colectivas de interés social contra todos los riesgos y contingencias a que están expuestas en el desarrollo de su vida, conforme al estado legal de cada una. Este estado legal, para el reo será distinto que para el hombre que no ha delinquido; pero tenga este estado penal o no lo tenga podrá ser el mismo en otras situaciones sociales, por ejemplo, si es casado, si tiene hijos, si mantiene otras personas a sus expensas, etc. Y en estas situaciones sociales aludidas, encontramos un fundamento jurídico de la aplicación de las normal previsionales a los reos. Estas no existen solo por razón de la persona individual; sino, además, por razón del estado social que tiene, el cual le impone deberes ineludibles respecto de los presuntos beneficiarios y le otorga derechos para exigir los servicios de la Previsión. La mayor extensión del Derecho Previsional respecto del Derecho propiamente del Trabajo, esta también consagrado en la Legislación Positiva. Así, la Ley N.º 4,054, no solo se aplica a una serie de trabajadores que no están sujetos a las disposiciones sobre contratos de trabajo, como los trabajadores independientes, sino a otras categorías sociales, como el pequeño industrial y el pequeño comerciante. Y la más reciente Ley N.° 6.020, que es la más previsional de las relativas a empleados particulares, ha contemplado normal para que 'toda persona que trabaje por su cuenta o como socio de una sociedad colectiva civil o comercial, tenga derecho a acogerse al régimen de previsión de los empleados particulares contenido en el Decreto Supremo N.° 857, de 1925'. Puede, pues, establecerse que es tendencia de la Legislación Positiva, siguiendo en esto el desarrollo del Derecho Previsional, no dejar a ninguna persona y a ningún grupo social al margen de las medidas de Previsión social. De aquí, concluyo, que si bien es cierto que nuestra legislación no hace referencia expresa a la población carcelaria, tampoco contiene disposiciones que prohíban o impidan su aplicación a los reos, en una interpretación amplia, objetiva, de la ley. Esta interpretación estaría plenamente justificada si se considera que una de las características de la Previsión es su 'universalidad'; lo que significa que los diversos riesgos que trata de precaver y reparar no solamente interesan a las personas y grupos sociales directamente afectados, si no también fundamentalmente a toda comunidad, según ya lo he dicho. Entre las muchas consideraciones justificativas de esta tesis, que podrían formularse, solamente insinúo ésta: las leyes de previsión están dictadas principalmente en beneficio de la familia de la persona afectada o de quienes con esta viven y a sus expensas. Ahora bien; ¿será posible atribuir al legislador el desaguisado de que con motivo de la delincuencia de un padre de familia, esta no solo quede privada de su persona, sino también, por lo menos, mientras cumpla su condena (que puede ser de varios años o por toda la vida), quede desamparada de los beneficios de la Previsión que podrían servirle, aunque de pequeñísima ayuda dada la exigüidad de tales beneficios? No aceptar esto, es no comprender el significado de la Previsión Social. Por el contrario, su aceptación se justifica aun mas si se considera que en el terreno del Derecho no es discutida y que la Autoridad Gubernamental, como Gerente del Bien Común de la Sociedad, tiene, en el ejercicio de sus Funciones de Protección, el deber de atender mediante medidas de Previsión a las necesidades de seguridad que requiere la persona humana para la conservación, desarrollo y perfeccionamiento de su existencia. Se justifica todavía respecto de los reos, porque precisamente la Previsión debe ocuparse de que al termino de su condena no se encuentren enteramente desamparados. Es, pues, el papel de la Jurisprudencia Administrativa ir resolviendo las consultas que se formulen al respecto, en el sentido de la aplicabilidad a los reos -de las medidas legales de Previsión Social, Desde luego, no cabe duda que el reo puede acogerse a ellas como imponente voluntario; es el caso de la Ley N.° 4,054, siempre que cumpla las condiciones prescritas en ella. Tampoco puede dudarse de la atribución que tiene la autoridad para someter a las obligaciones previsionales correspondientes, al Concesionario a quien otorgue la explotación de Talleres Particulares. La única dificultad a este respecto, podría provenir en cuanto se imponga la obligación correlativa al reo que trabaja; pero, esta dificultad seria meramente reglamentaria y un simple decreto acabaría con ella: De igual modo, podría la autoridad proceder respecto de los Talleres Fiscales, aunque en este caso el obstáculo no seria ya propio y únicamente reglamentario, sino, además, de carácter presupuestario, pero también fácilmente subsanable. A mayor abundamiento, no hay inconveniente, no digo ya jurídico pero ni siquiera legal, para que se asimile la situación del reo que trabaja a la de uno de los tipos de lo que se llama 'Trabajador Independiente', máxime si no trabaja en Talleres Fiscales o Particulares. Ya han quedado expresados más arriba los supuestos jurídicos que fundamentan esta interpretación.

III

Concluyo, sosteniendo, que las Leyes propiamente del Trabajo, lo que casi equivale a decir el Código del Trabajo, no se aplican a los reos, y que las Leyes Previsionales, con el limite natural que corresponda al estado legal del reo, deben aplicarse a toda la población carcelaria del país, cuyos elementos se podrían asimilar, para estos efectos, a la situación de los 'Trabajadores Independientes' a más exactamente de 'los obreros, artesanos y artistas que trabajan independientemente ', según expresa la Ley N.° 4,054.

Enero, de 1941.